Responsabilidad del estado y participación comunitaria.

Es necesario que el derecho a la salud se construya y se trabaje con y por la población, y que el Estado lo garantice a través de asegurar condiciones dignas de vida y de acceso universal e igualitario a las acciones y servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Es muy importante que las políticas sanitarias sean claras. Por lo general, cuando las crisis han afectado al país, se produjeron recortes presupuestarios que atravesaron y deterioraron el sistema de salud.

En materia de salud es fundamental la participación del Estado en la definición y sostenimiento de las propuestas necesarias para garantizar la salud de la población. Como ya señalamos, el Derecho a la Salud es un derecho humano que se desprende del Derecho a la vida digna que tiene todo ser humano.

Ante las situaciones de crisis aparecen problemas tales como:

• aumento notable de la demanda, producto del incremento de los índices de pobreza e indigencia, que no fue correspondida con la adopción de las medidas necesarias para hacerle frente,

• reducción de ciertas prácticas básicas como el uso de radiografías, las prácticas de laboratorio, tomografías computadas, estudios radiológicos contrastados, etc.

• escasez de insumos básicos como jeringas, guantes, gasas, etc. Se mencionan casos en los que los familiares han debido proveer de insumos a su exclusiva costa,

• falta de disponibilidad de drogas básicas,

• retrasos o suspensión de cirugías de mediana complejidad,

• cierre de áreas por falta de insumos,

• derivación de pacientes, que usualmente se hubieran tratado en su ámbito, por carencia de insumos o imposibilidad de realizar prácticas de diagnóstico o cirugía,

• disminución de la alimentación brindada a los pacientes internados,

• deterioro de las condiciones de higiene y salubridad,

• problemas en el mantenimiento de las instalaciones hospitalarias y en la reparación y/o renovación de insumos de equipamiento que en consecuencia van quedando en desuso,

• precarización de las condiciones laborales del personal, con insuficiencia de recursos humanos para hacer frente a la demanda.

Para preservar el derecho a la salud es necesario que el Estado desarrolle políticas específicas y sostenidas que brinden soluciones a las situaciones mencionadas.

El derecho a la salud presenta dos perfiles delimitables, el primero, integrado por algunas obligaciones tendientes a evitar que la salud sea dañada, ya sea por la conducta de terceros –ya sea el Estado u otros particulares- o por otros factores controlables -tales como epidemias, prevención de enfermedades evitables a través de campañas de vacunación- (obligaciones positivas). El segundo perfil, está integrado por otras obligaciones tendientes a asegurar la asistencia médica una vez producida la afectación a la salud denominadas habitualmente como “derecho a la atención o asistencia sanitaria”, cuyo contenido implica, entre algunas prestaciones, la complejísima tarea de planificación y previsión de recursos presupuestarios necesarios para llevar a cabo la satisfacción de los requerimientos de salud correspondientes a toda la población.